Luis Pizarro se compromete con el alcalde a buscar financiación para el Ayuntamiento

El consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, y la delegada del gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, han mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Estepona, David Valadez, al objeto de tratar “proyectos de vital importancia para el municipio”, según ha manifestado el primer edil.Al término de dicha reunión, Pizarro ha anunciado que, ante la situación económica por la que atraviesa el municipio, con una deuda de 164 millones de euros, realizará “gestiones con la administración central y regional para ver si buscamos una solución”.Aunque no ha concretado qué gestiones realizará, sí se ha comprometido a buscar con el Gobierno Central nuevas vías de financiación ante la “situación de emergencia” que padece la localidad como consecuencia del grave déficit y los “acontecimientos tan graves” que han ocurrido, en clara referencia a la operación Astapa. Además de su compromiso personal e institucional, considera que las administraciones “tendrían que hacer un esfuerzo para buscar una salida económica para intentar paliar la situación actual”.Por último, Pizarro ha reiterado el apoyo de la Junta de Andalucía al equipo de Gobierno de Estepona y ha anunciado el compromiso de la Junta de Andalucía con Estepona, desde las distintas consejería, para el impulso de proyectos de vital importancia para el desarrollo de la localidad, como el inmediato inicio de las obras del Hospital de Alta Resolución de Estepona.El alcalde, que ha calificado de “positiva” la reunión, ha agradecido la visita del consejero y de la delegada a Estepona y se ha congratulado por el interés mostrado sobre diversos proyectos “de vital importancia” para el municipio, como el citado centro hospitalario, o la rehabilitación de un edificio en Isdabe para puesta en marcha de una residencia de ancianos con más de 200 plazas.

Sonia Flores, en el punto de mira de la Operación Astapa

El Partido Popular ha exigido al PSOE el “cese fulminante” del secretario socialista de San Pedro Alcántara, Rafa García Cruz, y de su esposa, la concejala socialista en Marbella Sonia Flores, a raíz del levantamiento parcial la semana pasada del secreto de sumario del caso Astapa.Un edil imputado en la supuesta trama de corrupción, Francisco Zamorano, reconoció en conversaciones telefónicas intervenidas y recogidas en un informe de la Policía que Flores cobraba del Consistorio esteponero a pesar de que “no aparece” por allí.
Además, el que fuera delegado municipal de Hacienda y expulsado de las filas socialistas a causa de su implicación en Astapa, “reconoce que tiene conocimiento” de la situación, “reconociendo por añadidura cómo ha recibido indicaciones, ‘porque a Sonia hay que protegerla’”.En otra conversación entre Zamorano y García Cruz, que por entonces era uno de los responsables de la Televisión Municipal de Estepona, éste propone “para dar apariencia de que su esposa efectivamente hace algo en Estepona que habrá que hacer como que ella tenga una petición diaria de que tiene asuntos”. En este sentido, Zamorano responde: “que vaya un par de días a la semana, que venga y se vaya”.Por todo ello, la portavoz local del PP, Carmen Díaz, ha instado al PSOE a que “tome medidas de manera inmediata y haga dimitir a personas que no están capacitadas para seguir ostentando cargos públicos después de que haya quedado evidencia de que han utilizado a la administración pública a favor de sus propios bolsillos e intereses”.Sin faltaPor su parte, Sonia Flores recordó ayer que “no existe en el Ayuntamiento de Estepona ningún expediente disciplinario abierto o sanción laboral alguna por haber faltado a mi puesto de trabajo”.Flores sentenció que “no estoy imputada en caso alguno, ni he sido citada como testigo, ni existe abierta investigación sobre mí y aún así el PP me pide responsabilidades”.

Doblan la seguridad a Valadez tras saber que destapó el caso

El alcalde, David Valadez, cuenta desde ayer con dos escoltas tras conocerse que fue él y la edil Cristina Rodríguez quienes denunciaron la presunta trama de corrupción urbanística en Estepona.El regidor declinó ayer hacer declaraciones al respecto sobre el levantamiento parcial del sumario, pero no pudo evitar mostrar su nerviosismo por los hechos que se van a desvelar y que pondrán en entredicho a muchos de los que fueron sus compañeros de partido y corporación. A pesar de todo, el edil tiene la conciencia muy tranquila ya que insiste en que no tiene nada de ocultar.David Valadez, ha convocado a todos los medios de comunicación hoy viernes para dar su opinión sobre los primeros datos que se conocen de la instrucción.El entonces edil y su compañera de partido Cristina Rodríguez denunciaron en 2006 esta presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento. La denuncia fue interpuesta el 16 de noviembre de 2006 anta la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial en Madrid cuando ambos eran concejales del Ayuntamiento.Según se recoge en el sumario, los ediles interpusieron la denuncia al considerar que se estaban cometiendo hechos en el Ayuntamiento de Estepona que podrían ser constitutivos de distintos delitos desde junio de 2003, cuando ellos asumieron sus actas de concejal. En la denuncia se destacan los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, entre otros, que observaron durante tres años.Desde esa fecha y hasta el año 2007 gobernó la ciudad una coalición formada por el PSOE y el PES, además de IU, que estuvo un año en el equipo de gobierno y fue sustituida por el PA.Tras dos años de pesquisas policiales e intervenciones telefónicas, la operación policial se inició el 17 de junio de 2008 cuando fueron detenidas 25 personas. Entre ellas el entonces alcalde de la localidad, Antonio Barrientos, y los ediles de su partido Asunción López, Francisco Zamorano, Mariví López y Marisa Rodríguez-Pino, además, de los ediles del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina.Además, fueron arrestados empresarios, funcionarios y técnicos municipales y el que fuera Jefe de Alcaldía, José Flores.A estas detenciones le siguieron otras imputaciones hasta llegar a los 63 imputados de los que cinco acabaron en la cárcel. Se trataba de Antonio Barrientos, Manuel Reina, José Ignacio Crespo y José Flores, que estuvieron seis meses en prisión. También estuvo encarcelado pero menos tiempo el técnico municipal, Javier Wittmeur. Tras conocerse su imputación, Barrientos dimitió como alcalde y su lugar lo ocupó David Valadez. Crespo y Reina siguen como ediles en la oposición y José Flores ha vuelto a su puesto en el Ayuntamiento.

Secciones Sindicales de CC.OO. en el Ayuntamiento de Estepona: Procedimiento para solicitar la compensación de días por el Complemento de Puntualidad y Reducción del Absentismo Laboral

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Secciones Sindicales de CC.OO. en el Ayuntamiento de Estepona: Noticias varias

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Trabajadores municipales de Estepona exigirán soluciones ante la crisis

trabajadores del Ayuntamiento de Estepona y de sus empresas municipales están llamados a participar hoy en una asamblea general en la que se abordará la situación económica por la que atraviesan las arcas municipales y en la que además se propondrá un calendario de movilizaciones.Según explicó ayer el representante de CCOO, José Carrasco, "vamos a exigir responsabilidad política a toda la corporación, tanto al gobierno como a la oposición, porque entendemos que ni los trabajadores ni los ciudadanos deben pagar las consecuencias de una mala gestión política".Por otro lado, Carrasco dijo entender que la corporación "debe exigir apoyo económico para el Ayuntamiento", para el sindicalista "al igual que la Junta de Andalucía autorizó un anticipo extraordinario para Marbella se debe estudiar alguna fórmula para Estepona que también atraviesa una situación muy particular". Hace casi un año se puso en marcha en Estepona la operación Astapa contra la presunta trama de corrupción municipal que dio lugar a un gobierno en minoría dirigido por el PSOE.A día de hoy, el Consistorio arrastra una deuda de 95 millones de euros y serias dificultades para pagar a proveedores básicos como Telefónica, Endesa o la planta de residuos sólidos urbanos, Urbaser. Del mismo modo, también pasa por dificultades para abonar las nóminas. Esta información se pondrá mañana a disposición de todos los trabajadores que acudan a la asamblea que tendrá lugar a las 13:00 en el Palacio de Congresos.

El Ayuntamiento de Estepona no ha presentado aún sus cuentas de 2006 a la Cámara de Cuentas de Andalucía

Estepona figura en la lista negra en la que aparecen más de medio millar de ayuntamientos de Andalucía que no ha presentado aún a la Cámara de Cuentas el balance de su gestión relativo a 2006, el próximo ejercicio que se dispone a fiscalizar este organismo, resistiéndose así, en contra de lo establecido por ley, a la fiscalización del órgano encargado de controlar el gasto público en el territorio autonómico.
La Cámara de Cuentas es el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de las diputaciones y ayuntamientos, y del resto del sector público de Andalucía. Uno de sus objetivos es contribuir a que el ciudadano perciba que la Administración está controlada, que ese control es auténtico y que a través del mismo se conoce todo lo referente a la correcta utilización de los recursos públicos, motivo por el que el retraso en la presentación de las cuentas tiene el efecto contrario.
Con la entrada en vigor en 2006 de las Instrucciones de contabilidad para la administración local, el correcto cumplimiento por las entidades locales andaluzas de la rendición de cuentas exige, según expone el organismo, una doble obligación de presentar sus cuentas generales ante el Tribunal de Cuentas y ante la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Convenio
El incumplimiento de presentar las cuentas se produce a pesar de que el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas han firmado un convenio de colaboración para coordinar la rendición telemática de las Cuentas Generales de las Entidades Locales de Andalucía y permitir la rendición de las cuentas en un acto único, reduciendo a la mitad los trámites que antes se exigían